En el marco del proyecto “Constitución para los Territorios”, que cuenta con el apoyo de Fundación Avina, Rimisp elaboró un decálogo para una Constitución con enfoque de desarrollo territorial rural en Chile en que analiza y formula una propuesta en cuatro dimensiones: a) Descentralización; b) Participación Ciudadana; c) Bienestar y patrimonio biocultural; d) Agricultura y alimentación sustentable. Uno de los aspectos que aborda el decálogo es la incorporación de un nuevo modelo territorial para Chile: el Estado Regional Descentralizado.

“Estamos muy contentas de tener la posibilidad de estar en esta Comisión, planteando el trabajo que llevamos desarrollando desde Rimisp hace más de 35 años. Teníamos muchas granas de conversar en esta Comisión sobre cómo incorporar el enfoque de desarrollo territorial rural en nuestra Constitución”, destacó Danae Mlynarz, directora Oficina Chile de Rimisp.

Ignacia Fernández, investigadora principal de Rimisp, agregó que “abordar una estrategia de descentralización como la que hoy día proponemos tiene mucho que ver también con revertir las situaciones de doble o triple exclusión que afecta especialmente a las mujeres, los pueblos indígenas y quienes habitan en zonas rurales o en los márgenes de la ciudad. Y creemos también que puede impactar y contribuir también a disminuir o mitigar problemas vinculados con la crisis climática”.

¿POR QUÉ DESCENTRALIZAR?

Rimisp considera que la descentralización es un medio para la equidad y la justicia territorial. “Nuestra apuesta es que la descentralización es clave para avanzar en mayor equidad entre los distintos territorios y ciertamente para el fortalecimiento democrático y las posibilidades de participación de las sociedades regionales y locales”, indica Fernández.

La propuesta de Rimisp es un Estado Regional Descentralizado, un modelo que pertenece jurídicamente a la familia de los Estados unitarios, pero se ubica en la práctica y funcionamiento entre las características del unitarismo y el federalismo. Este nuevo modelo territorial busca compatibilizar el carácter único e indivisible del país, con la autonomía política de las regiones y municipios.

La investigadora principal de Rimisp resalta que la propuesta compatibiliza bien la historia nacional, pero en la práctica y en la forma de operar es mucho más parecida a los estados federales: “Nos parece que esta figura en la medida que reconoce a estas entidades territoriales con un alto nivel y capacidades de gasto para responder a las necesidades de los habitantes de sus territorios y que busca compatibilizar este carácter único e indivisible de nuestro Estado Nación con la autonomía puede ser un modelo adecuado”.

COMENTARIOS DE LOS/AS CONSTITUYENTES

En la Subcomisión N°1 de la Comisión de Forma de Estado de la Convención Constitucional participan 13 de los 25 Constituyentes. Los integrantes de la Subcomisión destacaron la presentación de la Oficina Chile de Rimisp para avanzar en la inclusión de los territorios rurales en la Constitución.

El Constituyente Harry Jurgensen, distrito 25, indicó: “Todos los que componemos esta Comisión somos de regiones y vivimos lo que es el centralismo y quisiéramos más autonomía, más competencias y más recursos para las regiones”.

Por su parte, Wilfredo Bacian, Constituyente del pueblo Quechua, destacó su paso por el diplomado en enfoque de desarrollo territorial rural con identidad cultural, realizado por Rimisp y la Pontificia Universidad Católica del Perú. En base a esa experiencia consultó si la propuesta propone un estado regional plurinacional con identidad cultural de los territorios, pensando no sólo en la ruralidad sino también pensando en los territorios indígenas.

También intervino Claudio Gómez, Constituyente del distrito 6, quien se mostró interesado en profundizar sobre la forma en que la ruralidad, los territorios rurales, puedan ser considerados en esta Constitución. Por último, Jennifer Mella, coordinadora de la Subcomisión Nº1 y Constituyente del distrito 5, solicitó mayor detalle sobre la propuesta del decálogo relacionada Principio de protección del patrimonio biocultural y silvoagropecuario de los territorios.

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