Tras un año de pandemia, Latinoamérica enfrenta una triple crisis combinada y asimétrica: sanitaria, económica y social (CEPAL, 2020). No obstante, las principales economías del continente se recuperan a una mayor velocidad de los pronósticos realizados, esto a costa de una mayor desigualdad entre los territorios urbanos y rurales de la región.

Lo anterior se hace evidente, sobre todo en las zonas rurales de México que enfrentan desafíos estructurales, como el limitado acceso a servicios de salud pública, de agua y saneamiento, hasta la disponibilidad de transporte público en los territorios. Esto sin mencionar los efectos derivados del desempleo y escasez de ingresos económicos entre las familias.

Ante este panorama será necesario desarrollar prácticas sustentables en el manejo de los recursos naturales en los territorios, así como implementar estrategias de resiliencia que permitan adaptarse a las transformaciones constantes. En ese sentido, los saberes y prácticas de las comunidades rurales, serán fundamentales para cumplir con este desafío.

En este contexto, el Programa Territorios en Diálogo, Inclusión y Bienestar Rural busca mejorar el bienestar de los territorios excluidos del proceso de desarrollo a través de innovaciones, bajo un enfoque de investigación-acción, de las dinámicas de desarrollo en contextos de conflictos socioterritoriales, con particular atención en la inclusión de las y los jóvenes de los territorios.

La implementación del proyecto se realizó desde finales del 2019 en Perú, Colombia, El Salvador, Chile y México. En este último territorio, los socios estratégicos del programa son el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Promoción y Desarrollo Social (CESDER-PRODES) y el Colectivo Encino, ubicados en la Sierra Norte de Puebla (Municipio de Ixtacamaxtitlán) y el Altiplano de Puebla (Municipios de Calpan,Tecuanipan, Nealtican y San Nicolás de los Ranchos) respectivamente.

Disputas territoriales, pobreza y desigualdad en el estado de Puebla.

El estado de Puebla se localiza en la región central de México, al oriente de la capital de la república, se caracteriza por ser una región de volcanes, especialmente el Popocatépetl que está activo. Su territorio está lleno de contrastes en el que se conjugan una gran riqueza natural y cultural. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020), es la quinta entidad federativa más poblada en México con aproximadamente 6 millones de personas, ubicándose por debajo del Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Veracruz.

Algunas de las problemáticas que viene enfrentando la región durante los últimos años han sido los asentamientos irregulares, la falta de políticas de ordenamiento territorial, deterioro ambiental creciente y movilidad, así como la presencia de los proyectos mineros, petroleros, gasíferos, hidroeléctricos y de infraestructura asociada, que se han intensificado y multiplicado a partir del 2009. A esto se le suma la actual crisis hídrica que afecta a varias regiones del estado, así como la presencia de zonas de alta violencia como consecuencia del robo de gasolina, actividad conocida como el huachico;,  así como grupos asociados al narcotráfico que captan a jóvenes para estas actividades, aprovechando que no tienen otras oportunidades.

Colectivo Encino; encuentros y diálogos para gestión del territorio

El Colectivo Encino, es una organización de la sociedad civil producto de cruces de caminos entre profesores universitarios, alumnos y la iniciativa Casita de Barro en diálogo con los habitantes de Tecuanipan y en particular como punto de partida la Cooperativa “Sanje”. Desde hace cinco años y con el pretexto de un conjunto de trabajos académicos y de investigación realizados junto a estudiantes de la Universidad Iberoamericana Puebla, iniciaron su camino, conociendo y comprendiendo el territorio, a partir de la voz de los propios pobladores.

Desde el punto de vista de Abel Fragoso, integrante del Colectivo, “estamos convencidos de las ventajas de dialogar, utilizando la concepción metodológica de la educación popular y la investigación-acción participativa. El desarrollo de las capacidades locales como base para posibilitar cambios significativos y alineados a los anhelos de las personas”.

Además, comenta que como Colectivo “se identifican como un acompañante de las comunidades rurales y campesinas en la gestión de su territorio con propuestas encaminadas a la restauración del medio ambiente y la búsqueda de modos de vida dignos. A su vez, aspiramos a consolidarnos como un socio estratégico para el Programa Territorios en Diálogo, Inclusión y Bienestar Rural”.

Respecto a los retos y oportunidades en el marco del Programa, Abel Fragoso, explica que “en el territorio donde facilitamos los diálogos se identifican los retos y las oportunidades propias de los territorios rurales ligados en relaciones asimétricas y generadas de desigualdad con una zona metropolitana, como es el caso de Puebla-Cholula. Entre los procesos históricos que han dado forma a situación actual en el territorio podemos señalar dos que si bien no son nuevos, si están evolucionando de una manera acelerada a convertirse en conflictos socioambientales. Ambos tienen que ver con la degradación medio ambiental. El primero está relacionado con la cada vez mayor escasez de agua. En el contexto de un fenómeno amplio de cambio climático, este territorio, junto con otros cercanos a los volcanes, han sido los proveedores de agua, pero se les ha extraído agua para alimentar a la creciente metrópoli; generando no solo una menor cantidad de agua disponible para las actividades humana, sino que cambios en los nacimientos de agua y arroyos, desapareciendo unos, y haciendo más intermitentes los otros”.

El otro reto que menciona Fragoso, está relacionado con “las formas de producción de alimentos que se han estandarizado como “un modelo a seguir” en detrimento de maneras más tradicionales y acordes a una visión integral campesina. El territorio es productor de alimentos para la zona metropolitana y cada vez más se identifica presencia de “agricultores rentistas” provenientes de fuera del territorio, es decir, que rentan la tierra para producir utilizando paquetes tecnológicos basados en insumos sintéticos y en monocultivo para el mercado. Además de quitar los árboles frutales del sistema tradicional MIAF (maíz intercalado con frutales) pues les estorban, el mal manejo del suelo arenoso ha venido generando su degradación y pérdida ante los eventos inusuales de lluvias intensas, cada vez más presentes en ciertas épocas del año”.

Además indicó que “ante este panorama complicado, se han encontrado visiones esperanzadoras como el trabajo colaborativo que se tiene con Casita de Barro que se unió al Programa Territorios en Diálogo, Inclusión y Bienestar Rural desde hace un par de meses. Tanto en los anhelos y conocimientos ancestrales de los pobladores mayores con los que hemos dialogado, como en la fuerza motivantes de algunos grupos de jóvenes que “quieren hacer algo” ya que se acuerdan de lo que hacían con sus abuelitos cuando eran niños y que ahora ya no. Habrá que dar forma, alimentar y enriquecer estos puntos de esperanza. Es todo un reto que nos motiva y cuestiona. Acompañaremos paso a paso, dialogando y encontrándonos,” finalizó.

Casita de Barro, la sustentabilidad como elemento de emancipación

 Desde hace más de una década los educadores Ina Vanooteghem y Manuel Palma Barbosa habitantes de San Jerónimo Tecuanipan, un pueblo campesino a las orillas del volcán Popocatépetl, fundaron Casita de Barro ,un modelo participativo de vida sustentable con diferentes ecotecnias, a través del fortalecimiento del autoconsumo y de prácticas de permacultura, así como la producción y comercialización de productos con plusvalía y la creación de fuentes alternativas de ingreso.

Manuel Palma fundador recuerda: “Todo comenzó cuando construimos una pequeña casa de adobe en el estilo local tradicional como los abuelos lo hacían, y comenzamos una exploración de modos de vida sustentable y de vida simple. Pronto, los habitantes de Tecuanipan nos empezaron a llamar Casita de Barro, nombre que adoptamos porque habla de nuestra aspiración de convertirnos en un espacio demostrativo de vida sustentable”.

Como educadores, Ina y Manuel, buscan que los miembros de la comunidad – a la que ellos ya pertenecen-  aprendan formas innovadoras de ahorro de energía y transitar hacia una vida más sustentable considerando los saberes y tradiciones de las familias en la comunidad, a lo que Manuel Palma agrega: “…nuestra experiencia de vida sustentable ha sido la base demostrativa para la construcción colaborativa de sistemas de producción orgánica de alimentos y de otras ecotecnias con familias locales. En la comunidad se generó una reflexión sobre estas posibilidades al conocer nuestra experiencia. De esta forma, cuando me preguntan ¿Por qué vives en una casa de barro de 40 metros cuadrados? …Yo contesto, que me da una tremenda libertad, saber que no pago renta, que solo pago 80 pesos de luz, no necesito una conexión al drenaje. Estas formas de autonomía que podían parecer banales, no lo son y no se completan, si no tienes una base alimenticia. Yo debo decir que cuando vino el Censo en el 2010 y supieron que nosotros producíamos para autoconsumo, nos mencionaron que no aparecemos como productores, de esta forma la macroeconomía nos invisibiliza”.

Vale la pena mencionar, que esta no ha sido su única iniciativa, en 2010, al lado de su esposa Ina, comenzaron con una serie de tutorías educativas, a la que familias locales llamaron cariñosamente “NicanCalli”, una contracción del náhuatl nican, aquí, y calli, casa. Al día de hoy, el programa ha apoyado a más de 100 jóvenes, quienes han adquirido diversas capacidades para mejorar su vida escolar.

Este programa es apoyado por la Universidad Iberoamericana de Puebla y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, quienes canalizan prestadores de servicio social y practicantes. Asimismo, estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey se vinculan con Casita de Barro para realizar proyectos en la localidad.

No podemos olvidar, que la propuesta educativa de NicanCalli se basa en proceso en que los niños reflexionen sobre su entorno, especialmente sobre todo en el cuidado y aprovechamiento de recursos naturales, en donde la oportunidad de estos jóvenes sea arraigarse en su territorio trabajando sus comunidades y que la migración no sea convertida en la única alternativa de vida para ellos en el campo.

El trabajo de CESDER en la región.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, Promoción y Desarrollo Social (CESDER-PRODES), es una organización no gubernamental fundada en 1982 en la comunidad indígena náhuatl de San Andrés Yahuitlalpan en el Municipio de Zautla en la Sierra Norte del Estado de Puebla.

Ha desarrollado a lo largo de 35 años proyectos educativos de secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrados en la región. Ha generado una importante labor de impulso de procesos de desarrollo comunitario en los municipios de Zautla e Ixtacamaxtitlán, en proyectos de seguridad alimentaria, preservación del medio ambiente y sustentabilidad de los agroecosistemas, bancos comunitarios y cajas de ahorro, diseño y producción alfarera, microempresas y procesos de comercialización, salud,  empoderamiento de las mujeres, educación especial, derechos humanos y defensa del territorio.

CESDER trabaja en colaboración con “La Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida “Atcolhuac”, colectivo conformado por 15 comunidades rurales, campesinas e indígenas del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, que se basa en la unión de voluntades en forma libre, que se ha asociado para defender su territorio frente  a la amenaza del proyecto minero “Ixtaca”, mina a cielo abierto, emprendido por la empresa Almaden Minerals y sus filiales Minera Gorrión y Minera Gavilán.

Este proyecto minero busca extraer oro, plata y cobre en la comunidad de Santa María Sotoltepec, Ixtacamaxtitlán, sobre dos concesiones que abarcan alrededor de 14 mil hectáreas que plantea una explotación de alrededor de 14.5 años. Este emprendimiento minero se ha convertido en  una grave amenaza  los habitantes de  la localidad donde se pretende instalar, así como para 13 comunidades alrededor, por los efectos de la contaminación relacionada por la operación de la mina y por la amenaza de despojo del agua, ya que existen manantiales de agua natural que proveen de este vital líquido a las familias de la región.  A su vez también representa una inminente amenaza para la cuenca del Río Apulco que transita alrededor de 380 kilómetros para desembocar en el golfo de México.

Este colectivo ha emprendido un conjunto de acciones con el acompañamiento coordinado con CESDER desde el 2012. Dentro de las acciones más relevantes se encuentran: la investigación y difusión de la información relacionada con las concesiones mineras en la región y del municipio de Ixtacamaxtitlán, demanda de amparo presentado por el Ejido de Tecoltemic, la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos del Proyecto Minero, y una campaña de incidencia dirigida al gobierno mexicano, canadiense, y los inversionistas de la empresa Almaden

Al respecto, Alejandro Marreros Lobato integrante del colectivo nos explica: “a través de la defensa jurídica que hemos trabajado, presentamos un amparo para las concesiones mineras mediante un ejido, en el cual hacemos tres reclamos: la violación al derecho al territorio, la transgresión  al derecho a la consulta y la inconstitucionalidad de la Ley Minera, ya que esta es la raíz del grave problema que enfrentamos en el estado, puesto permite el despojo de las tierras,del agua y del territorio a las poblaciones campesinas”.

La jueza en materia penal que analizó el caso, determinó que las concesiones han sido ilegales e insubsistentes. De esta forma, se turnó al  Tribunal Colegiado para revisar la inconstitucionalidad de la Ley Minera, declarándose incompetente para juzgarlo,  por lo que éste fue remitido  a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En estos momentos,  existen altas expectativas por parte del colectivo de que esto se pueda resolver positivamente en favor de  los derechos de los pueblos campesinos e indígenas de Ixtacamaxtitlán.

“Ha sido un largo camino de casi ocho años de trabajo en este proceso y en lo personal,: ha sido mi gran reto, el poder continuar y que este proceso de lucha de resistencia, sea un proceso persistente, constante y que como dice el dicho, “no sea solo una llamarada de petate”. Si no que podamos continuar persistir y sostener la lucha porque no ha sido nada fácil. Ya que nos enfrentamos al acoso, hostigamiento y rechazo de una parte de la sociedad, ya que somos mal vistos por que somos tachados como antidesarrollistas  y/o  opositores al progreso, también nos han llamado “los terroristas  del desarrollo”. Eso es una descalificación que nos deja mal parados en nuestras propias comunidades “señala Marreros.

Finalmente, enfatiza que los espacios campesinos son una gran esperanza de lo que se puede reproducir en otros ámbitos de la sociedad para aspirar a construir una sociedad más justa, y equitativa, poniendo un freno al capitalismo moderno suicida en el que vivimos actualmente. “No podemos olvidar que la ruralidad en el campo mexicano es diferente, para cada uno de sus municipios, nosotros lo vivimos todos los días con las familias de nuestras localidades, las cuales valoran más las riquezas que existe en su comunidad, desde el aire que respiran, la tranquilidad y convivencia en sus municipios, en donde hay relaciones de comunidad, respeto, reciprocidad, bienestar.  Esto es algo esperanzador y lo que queda es exigirle al gobierno políticas que ayuden a crear condiciones para que el campo sea un espacio digno para vivir”