En Latinoamérica, la pandemia del COVID-19 ha provocado cambios drásticos en las prácticas e inseguridad alimentaria de los hogares (FAO y CEPAL, 2020). Esta región se caracteriza por ser muy desigual entre territorios al interior de los países, afectando a las zonas rurales, las cuales albergan tasas de pobreza más alta y poco acceso a servicios básicos. Estas desigualdades interactúan con otros efectos diferenciales como el género, que se manifiesta en que los hogares encabezados por mujeres presentan peores índices de pobreza, dependencia y seguridad alimentaria, que los hogares encabezados por hombres.

En este contexto Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural con el apoyo de IDRC–Canadá, aplicó la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación (ESAA) entre diciembre de 2020 y enero de 2021 en 10 territorios de Colombia, México, Ecuador, Chile y Guatemala, con el objetivo de proveer información relevante y generar un diagnóstico de la situación alimentaria y el impacto de la pandemia sobre la alimentación en estas regiones, así como entregar pistas sobre las desigualdades de género y territoriales en las prácticas de inseguridad alimentaria durante la pandemia del COVID-19.

La encuesta levantó información sobre la composición del hogar, la experiencia de la inseguridad alimentaria, la adopción de estrategias de compensación, la recepción de ayudas, las estrategias de abastecimiento y los ingresos.

En el caso de Colombia, la encuesta, que se aplicó en los departamentos de Huila y Nariño, reveló que los hogares con jefaturas femeninas reportan tasas de inseguridad alimentaria más elevadas que los hogares con jefaturas masculinas y la tasa de pobreza de los hogares con mujeres jefas de hogar es de 85,4% en comparación con el 82,1% de sus pares hombres. Además, la brecha de pobreza en inseguridad alimentaria es más amplia en mujeres con un 48% que los hombres con 41,1%.

Por ello quisimos profundizar en el tema con una mirada puesta en el día a día de estas cifras, así que conversamos con Rosa Henríquez, coordinadora de la Mesa Departamental de Mujeres de Nariño, instancia de promueve la participación ciudadana y el control social a través del seguimiento a las políticas públicas de las mujeres en este departamento para que nos comentara su visión al respecto.

“La pandemia afectó a las mujeres de forma desproporcionada en aspectos como el incremento en las labores del cuidado, la inseguridad alimentaria y la violencia intrafamiliar. Esta situación potenció en mayor medida la desigualdad social existente para las mujeres en este departamento”. Esta información se refuerza con los datos arrojados por la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación en la que se revela que las mujeres tienen menor acceso al mercado laboral, ganan menos ingresos y trabajan más horas sin paga. Siendo esta una constante en todo el continente.

En Colombia, el 61, 8% de las mujeres presentaron preocupación por no tener suficientes alimentos por falta de dinero u otro recurso, frente a un 57, 8% de los hombres. Según FAO 2021, el acceso a los alimentos se ha dificultado durante la pandemia y el precio ha subido en los últimos años. Esto evidencia que la pandemia está afectando la alimentación de los hogares con menores ingresos y los países con débiles sistemas de protección social, dejando a muchas familias sin poder costear los alimentos que necesitan, impactando su derecho a la alimentación. En los departamentos de Huila y Nariño, más del 60% de los hogares con jefatura femenina redujeron el consumo de frutas y verduras, así como carne y pescado como estrategia para mitigar los efectos de la pandemia “hasta el día de hoy sigue afectando que los precios de la canasta familiar se incrementaron considerablemente durante la pandemia, esto contribuye a que disminuya la calidad de vida de las mujeres, debido a que se altera la seguridad alimentaria y la nutrición. Los bajos ingresos y el desempleo no permiten acceder a una dieta saludable” manifestó Rosa Henríquez.

Por otro lado, respecto a las ayudas recibidas para mitigar los efectos de la pandemia, para Rosa, ni los gobiernos locales ni departamentales orientaron el apoyo con una perspectiva de género; si bien se hicieron ayudas paliativas en el momento de más crisis del COVID-19, no hubo unas políticas claras dirigidas especialmente a las mujeres más vulnerables”, en este sentido, la evidencia resalta la importancia de que los programas e iniciativas de apoyo para enfrentar la pandemia consideren tanto el género y el territorio como dos pilares fundamentales en su diseño y ejecución. Para Rosa se hace necesario que la inversión sea directa hacia las mujeres y sus organizaciones. También que el fondo que existe a nivel de país creado para apoyar a las mujeres tenga una forma diferente de llegar a ellas y se redistribuya al departamento para evitar la centralización, puntualizó.

Históricamente, a las mujeres se les ha atribuido la responsabilidad y la preocupación de cargar con el trabajo mental, físico y emocional de la alimentación familiar, el cual es central en los trabajos de cuidados, y aunque desde antes de la pandemia los hogares encabezados por mujeres se encontraban con mayor riesgo de estar en situación de pobreza e inseguridad alimentaria, la pandemia exacerbó esta alarma debido a la situación previa a esta.

Finalmente, Rosa manifiesta que es indispensable repensar el papel de las mujeres como productoras y participes de la actividad productiva, “para lograr que las brechas de género disminuyan a nivel económico, político y social es necesario incluir a las mujeres en las cadenas productivas más allá del trabajo de cuidados no remunerados. Los gobiernos deben fortalecer la conformación de un banco solidario o comunal para mujeres y fortalecer sus emprendimientos, con el fin de tener trabajos remunerados y equitativos que les brinden a las mujeres independencia económica”.

 

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