Cinco grandes pilares temáticos tiene la Misión de Lineamientos de Política Pública para el Desarrollo Rural y Agropecuario del Gobierno de Colombia, más conocida como ‘Misión Rural’, establecida por el Presidente colombiano Juan Manuel Santos. Estos son: el rol de lo rural en el desarrollo del país; el desarrollo rural para el cierre de brechas sociales; la provisión de bienes púbicos para el campo; el desarrollo agropecuario sostenible y competitivo; y por último, una institucionalidad moderna y eficiente. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) juega el rol de Secretaría Técnica de la “Misión Rural.”

La Misión Rural tiene la tarea de preparar una serie de propuestas de políticas públicas, con sus respectivos instrumentos, adoptar más y mejores decisiones de inversión pública, orientadas en base a sus cinco lineamientos. Tales propuestas se conocerán progresivamente a lo largo de este año y serán consignadas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

Como Coordinador de ‘Misión Rural’ fue designado el destacado economista José Antonio Ocampo, quien además ha ocupado los cargos de ministro de Hacienda y Agricultura de su país, y de secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).También participan en el Consejo Directivo de Misión Rural los exministros Cecilia López Montaño, Juan Camilo Restrepo y Roberto Junguito; los expertos internacionales Julio Berdegué -investigador de Rimisp-, y Albert Berry -del Centro de Estudios Internacionales, Universidad de Toronto, Canadá-, así como los expertos colombianos Absalón Machado, Andrés Escobar, José Leibovich y Santiago Perry, esta último secretario técnico del Grupo Diálogo Rural, liderado por Rimisp. Por el sector privado participan los empresarios Henry Éder y Alejandro Reyes y el sector campesino es representado por Jorge Rondón.

Además colaboran técnicamente como socios institucionales el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE), la CEPAL, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoíca), Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y la Universidad del Rosario.

La actualidad y los desafíos del campo colombiano

Dos hechos recientes del acontecer colombiano, fueron los que pusieron el tema agrario en un sector prioritario de la agenda política del actual Presidente Juan Manuel Santos. Uno de ellos radica en las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la Habana. El primer punto de acuerdo logrado con las FARC, gira en torno al tema agrario y rural, y consigna un ambicioso programa de transformación agropecuaria y rural. Y el segundo gran antecedente a la hora de anunciar cambios en el sector rural, fue el paro agrario que se llevó a cabo en Colombia entre el 19 de agosto hasta el 12 de septiembre de 2013, en el que pequeños productores y campesinos lograron paralizar al país por varios días generando un fuerte impacto en capas medias urbanas. Sin embargo, cabe destacar que desde el inicio de su primer período de gobierno, Juan Manuel Santos dio una fuerte atención a la problemática rural, logrando la rápida aprobación en el 2011 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y avanzando en la preparación de una ley de Tierras y Desarrollo Rural. Ambos cuerpos legales crearon un entorno político e institucional muy favorable para avanzar en esta compleja problemática.

“El éxito del desarrollo rural depende estrechamente de la estabilidad de la paz”, reflexiona Ocampo, agregando que todos y cada uno de los elementos que contenga el acuerdo de las negociaciones de La Habana, formarán parte de la agenda de la Misión, para ir articulándose como política.

Ocampo señala que “nuestra labor es mirar el campo colombiano de aquí a 20 años, para reducir la pobreza y la desigualdad y llevar la salud, la educación, el transporte y los servicios públicos a los territorios campesinos. Junto a ello, queremos garantizar una economía dinámica en esos territorios, a través de un especial enfoque en la pequeña producción, pero sin excluir a los grandes productores”.

En ese marco, destaca que un elemento clave en ‘Misión Rural’ es “la oportunidad que brinda el proceso de los diálogos de paz, para avanzar en la reducción de la brecha rural-urbana en Colombia. El hecho de que este punto haya sido el primer tema en las negociaciones abre una expectativa muy grande en lo político y social en el país”.

“No puede haber paz duradera sin avance en lo rural. Si uno mira el espacio rural colombiano hay zonas estables en lo político, pero hay otras que son el epicentro del conflicto. Si uno ve la historia del conflicto, este siempre ha estado en la frontera agraria de Colombia y en regiones que por mucho tiempo han seguido siendo el escenario del problema, como Córdoba, que es el centro del paramilitarismo. La paz sí pasa por el desarrollo del campo colombiano y por la reducción de las brechas ciudad-campo y campo-campo”, asevera el Coordinador de ‘Misión Rural’.

La carta de navegación de Misión Rural

La agenda de ‘Misión Rural’ es ambiciosa y su coordinador sabe que un tema importante es compatibilizar la visión integral del campo con lo que la sociedad es realmente capaz de hacer. Sobre ello, el economista opina que “claramente, ese punto es clave. En Misión Rural se nos ha planteado una tarea de largo plazo para ir cumpliendo metas. Los recursos adicionales destinados en Colombia a salud, por ejemplo, han sido importantes y así hemos casi eliminado la brecha en este ámbito, tras un esfuerzo coordinado de 20 años de políticas. Ahora, no sé si el problema sea necesariamente que esta Misión requiera una gran cantidad de recursos económicos. Lo más difícil es cómo el país va a lograr desarrollar la paz en territorios donde hay conflictos y cómo la política puede ayudar a ese proceso de pacificación. Eso es complicado”.

De igual forma, agrega, “es de suma importancia conocer cuáles son las instituciones públicas y qué productores tendremos para mejorar su desarrollo. Hay áreas en las cuales Colombia ha retrocedido. Cuando uno mira el panorama de la política agrícola se ve que la institucionalidad de hace 20 años era mejor que la actual. Ha habido un retroceso. Pero por otra parte también ha habido una proliferación de iniciativas de la sociedad civil y del propio Estado en diferentes niveles que han promovido la economía familiar campesina, que no necesariamente está articulada, pero hay avances notables. El tema entonces es cómo, a partir de esa experiencia, se logra avanzar. Ha sido muy importante y positivo que en los dos últimos años se ha verificado la movilización de la sociedad rural, que se vuelve a transformar en un actor primordial”.

“En los últimos años vemos con satisfacción que hay mucha sociedad organizada en los territorios y que esta puede convertirse en un actor importante para lo que viene y no solo ser un grupo contestatario. Allí hay un factor de cuidado, porque el problema que enfrentamos son aquellos actores violentos, como el paramilitarismo de los grandes terratenientes y los guerrilleros que aspiran a ser una fuerza política, que podrían articularse con esa sociedad rural y afectar el desarrollo”, señala Ocampo. “No obstante, creo que esto podría ser también un factor positivo. Si uno mira por ejemplo lo que pasó con la incorporación del M19 -movimiento guerrillero colombiano que, tras su desmovilización, se convirtió en un movimiento político-, no veo por qué no podríamos realizar otros procesos exitosos de esa naturaleza”, agrega.

En este marco, se ha hecho posible iniciar el abordaje de una agenda territorial en Colombia y Ocampo analiza este tema desde la perspectiva de la dinámica que existe en las regiones del país y de la institucionalidad existente para favorecer esa situación.

“Este esfuerzo de reconstitución de institucionalidad gubernamental por supuesto que debe tener un enganche con lo regional. Si uno evalúa lo que ya está presente se verifican dos elementos: la participación de las regiones y municipios en la renta de la nación es igual a lo que pasa en los países más federales, como Brasil y Argentina, y mucho más que lo que pasa en México y en Venezuela. Lo otro más reciente es la dinámica de la participación de las regiones en las regalías y cómo eso ha ido generando una dinámica en proyectos regionales y locales. Eso es típico de Colombia. Podríamos decir que somos centralistas casi por accidente”, enfatiza.

Respecto a los principales ejes de la ‘Misión Rural’, que comprenden derechos sociales, competitividad, inclusión productiva y una reforma institucional a nivel nacional y regional, José Antonio Ocampo expresa que “en la agenda de derechos sociales hemos avanzado mayormente por el aumento de gasto social destinado a educación y salud, en particular, y en transferencias condicionadas, en general, lo que ha tenido un foco rural en el pasado reciente. En materia de desarrollo rural, el gobierno se ha quedado en rezago pero ha habido proliferación de iniciativas de otra naturaleza en las cuales se puede construir algo interesante”.

“En competitividad estamos muy mal. Si uno mira el sector agrícola colombiano y la provisión de bienes públicos, el país tenía uno de los tres mejores centros agropecuarios de América Latina y hoy ya no lo tiene. Eso impacta en la estructura productiva; Colombia ya no tiene el dinamismo en producción agrícola que tenía antes. En lo institucional queda mucho por avanzar, porque parte del ministerio de Agricultura que ve este tema está relativamente destruido y aunque hay iniciativas, falta mucho por hacer”, subraya.

El Coordinador de la Misión manifiesta que el sector agropecuario “ha ido retrocediendo, porque no es competitivo, excepto en algunos subsectores, y eso es porque la institucionalidad económica y social aún es deficiente y no ha logrado hacerse cargo de la pobreza multidimensional colombiana”.

‘Misión Rural’ debe ir respondiendo a las ideas y énfasis expresados por el Presidente Juan Manuel Santos cuando asumió su segundo periodo. En la ocasión, el Mandatario indicó que un objetivo central de su Administración estaba relacionado con poner fin al “rezago y abandono de nuestro campo”, por medio de la entrega de “mejores servicios públicos, más escuelas, acueductos y alcantarillados rurales, distritos de riego, buenas vías para sacar sus productos”.

En ese contexto, el Presidente manifestó que se destinaría al sector del agro “el presupuesto de inversión más grande que jamás se haya destinado a nuestro campo”, para “mejorar la calidad de vida en las zonas más deprimidas y pobres del país” y para “cerrar la brecha entre los territorios”.

“Misión Rural” y Rimisp

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invitó al investigador de Rimisp, Julio A. Berdegué,  a ser parte del Consejo Directivo de ‘Misión Rural.’ También forma parte del Consejo Directivo el Secretario Ejecutivo del Grupo de Diálogo Rural –una iniciativa de Rimisp con socios colombianos, el ingeniero Santiago Perry.

Berdegué, calificó como “un honor” para el y para Rimisp ser parte de esta iniciativa, afirmando que “es una tremenda oportunidad de colaborar y contribuir con nuestra experiencia y conocimientos a hacer más viable la paz en Colombia. El desarrollo territorial rural será una pieza clave de la estrategia de desarrollo del país tras los acuerdos de paz. La importancia política de lo rural es de tal magnitud hoy en Colombia, que creo que este será el país latinoamericano donde en los próximos años veremos un mayor dinamismo en términos de innovaciones en las políticas agrarias y rurales.”

Dentro de los pilares de trabajo de la Misión, tres son los que Berdegué prioriza por la capacidad de Rimisp de hacer un aporte significativo: desarrollo territorial rural; agricultura familiar, y; el desarrollo de una nueva institucionalidad para el agro colombiano.

José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo Gaviria realizó sus estudios de Economía y Sociología en la Universidad de Notre Dame, EE.UU. Obtuvo su Doctorado en Economía en la Universidad de Yale y fue distinguido en su país con el Premio Nacional de Ciencias “Alejandro Ángel Escobar”. 

Actualmente es Profesor en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ha sido Director de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes (Colombia) y de la Universidad Nacional de Colombia, y Profesor visitante de las Universidades de Cambridge, Yale y Oxford. Es autor de múltiples libros y artículos sobre teoría y política macroeconómica, desarrollo económico, comercio internacional e historia económica.

Hasta mediados de 2007 fue Secretario General Adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales. Desde ese cargo dirigió el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA), y presidió el Comité Ejecutivo de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.

Antes de asumir estas funciones, fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desde 1998 hasta 2003.

Se desempeñó en varios cargos en el Gobierno de Colombia, incluyendo los de ministro de Hacienda y Crédito Público, Director del Departamento Nacional de Planeación y ministro de Agricultura.