Colombia hoy atraviesa un momento crítico. Las manifestaciones sociales que se han tomado las calles en la última semana reflejan el gran inconformismo de la población ante las privaciones sociales que están sufriendo. Inaceptablemente, excesos de la fuerza pública y acciones de vandalismo han dejado 24 muertos -algunas organizaciones afirman que han sido 37 muertos-, varios desaparecidos, agresiones sexuales y centenares de personas heridas en una clara violación a los Derechos Humanos.

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rimisp, expresa su solidaridad con el pueblo colombiano e insta al Gobierno y a los organizadores de las protestas para que se abran canales de dialogo que eviten el escalamiento de la violencia y permita avanzar en la gestión pacífica de este conflicto. Para Rimisp esta es una coyuntura en la cual se requieren acciones concretas por parte del Gobierno Nacional y demás instituciones del Estado encaminadas a:

  • Garantizar el respeto por los Derechos Humanos y esclarecer rápidamente las vulneraciones que se han dado de los mismos.
  • Atender las solicitudes de los diversos grupos de la ciudadanía que han hecho uso de su legitimo derecho a la protesta en una sociedad democrática, en especial ofrecer alternativas para los miles de jóvenes que vienen manifestando sus necesidades y propuestas en las calles.
  • Mantener las condiciones que garanticen el equilibrio de poderes en el sistema político colombiano.
  • Implementar de manera inmediata un plan de emergencia social que atienda la situación de 21 millones de colombianos y colombianas en condición de pobreza, mucho más teniendo en cuenta el aumento de 3,5 millones de pobres en el 2020 que deja la pandemia y las medidas de confinamiento que se han tomado para mitigarla.
  • Acelerar la implementación integral del Acuerdo de Paz.
  • Incorporar en las políticas públicas el enfoque de género.

Finalmente consideramos que estas acciones deben darse a partir de un ejercicio de escucha activa donde las soluciones tengan un enfoque territorial que permita recoger también, las voces de las poblaciones rurales excluidas.

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