Los resultados de la FAO y los de la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación (ESAA) confirman que es imperioso reducir significativamente la brecha de género en las oportunidades económicas y el acceso a alimentos nutritivos, ya que las desigualdades seguirán ampliándose con factores agravantes como las pandemias o el cambio climático. La investigadora de Rimisp en Ecuador, María José Castillo, analiza las evidencias recabadas por ambas organizaciones.

El Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 2021 sobre el Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo nos muestra cifras alarmantes, con un incremento en la desnutrición a nivel mundial entre 2019 y 2020. Este constituye el más alto visto en décadas, y también un aumento en la inseguridad alimentaria, según la escala FIES, más pronunciado para la región de Latinoamérica y el Caribe, que para África y Asia.

Estas alzas han sido provocadas, principalmente, por el decrecimiento económico ocasionado por el COVID-19, lo que habría ampliado las desigualdades en el acceso a los alimentos. Sin embargo, los efectos muchas veces se han agravado más al combinarse con otros grandes factores perjudiciales como eventos climáticos extremos, conflictos violentos y factores estructurales en los distintos países, como la pobreza y la desigualdad. El informe indica además que aquellos países con más de un gran factor agravante son los más afectados con la prevalencia de la desnutrición y la inseguridad alimentaria.

En lo que respecta a los cinco países en los que Rimisp ejecuta el proyecto Siembra desarrollo. Pequeña agricultura y alimentación resilientes al COVID-19, el informe de la FAO identifica más de un factor agravante de la desnutrición y la inseguridad alimentaria en todos los casos, excepto para Chile. Estos tienen que ver con decrecimiento económico y desastres naturales en Guatemala y México; similares factores, pero además conflicto en Colombia, y decrecimiento económico y eventos climáticos extremos en Ecuador.

El análisis que realiza la FAO, relacionando la prevalencia de la desnutrición y la inseguridad alimentaria con los grandes factores agravantes en 2020, puede ayudarnos a interpretar las diferencias encontradas entre territorios, en las cifras de inseguridad alimentaria halladas en la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación (ESAA), aplicada por Siembra Desarrollo.

Así, ante la falta de datos históricos desagregados a nivel territorial en cuanto a la inseguridad alimentaria, si aplicamos la misma lógica de los grandes factores agravantes, podríamos explicar los niveles de inseguridad alimentaria encontrados en nuestro estudio, los cuales son mayores para los territorios de Alta Verapaz en Guatemala, Tabasco y Puebla en México, y Nariño en Colombia, e inferir que dichos niveles serían mayores a los de 2019 o años previos. El alto nivel de inseguridad alimentaria en Alta Verapaz se explicaría principalmente por factores preexistentes que muestran una fuerte desigualdad y pobreza en un territorio que es mayoritariamente indígena; a esto se han sumado el decrecimiento económico producto del COVID-19 y  varios desastres naturales, como los huracanes Eta e Iota, que ocurrieron a fines de 2020.

En el caso de los territorios mexicanos, la crisis económica generada por la pandemia se habría combinado con un entorno de violencia relacionada al narcotráfico y a otros factores también preexistentes, y en Tabasco se suman además los efectos del huracán Eta. En cuanto a Nariño, es también con la violencia, provocada por grupos armados ilegales, con lo que habría confluido el efecto de la pandemia para empeorar los niveles de inseguridad alimentaria.

Para Ecuador, la FAO muestra un fuerte incremento de la inseguridad alimentaria entre los periodos 2014-2016 y 2018-2020, subiendo 12 puntos porcentuales la inseguridad alimentaria moderada a severa y casi 6 puntos la inseguridad severa. A la vez, el Informe identifica para 2020 dos grandes factores agravantes en este país, decrecimiento económico y eventos climáticos extremos. En efecto, el país experimentó importantes decrecimientos del PIB durante 2020 y fuertes precipitaciones que causaron varios deslizamientos de tierra y desbordamiento de ríos, dejando muchos hogares afectados.

En los territorios ecuatorianos considerados en Siembra Desarrollo, como son las provincias de Guayas y Los Ríos,  la inseguridad alimentaria captada en la ESAA fue un poco menor al estimado de la FAO para 2018-2020, pero también mayor a lo reportado por FAO para 2014-2016 (alrededor de 8 puntos porcentuales más para la inseguridad alimentaria moderada a severa y 3 para la severa). En el caso de estos territorios, no se destaca un clima extremo en 2020 pero sí afectaciones en la actividad agropecuaria y la salud por la ceniza del volcán Sangay hacia fines del año, y la ESAA recoge una importante reducción en los ingresos de los hogares, lo que habría afectado el acceso a los alimentos y un empeoramiento en la dieta de los hogares.

Los resultados de la FAO también muestran una mayor prevalencia a nivel mundial de inseguridad alimentaria, tanto de moderada a severa como severa, entre las mujeres que entre los hombres, e incluso un incremento en la brecha entre ambos sexos, y esto especialmente en Latinoamérica y el Caribe. Esto concuerda en buena parte con lo encontrado en la ESAA, donde se observa en los territorios de los cinco países del estudio – a excepción de Alta Verapaz, Guatemala – que los hogares con jefatura femenina son los que están enfrentando mayor inseguridad alimentaria comparados con aquellos con jefatura masculina. Esto a su vez coincide con las mayores tasas de pobreza entre los hogares con jefe mujer en esos países, especialmente en México, Ecuador y Chile. Los resultados de la FAO y los de nuestro estudio confirman que es imperioso reducir significativamente la brecha de género en las oportunidades económicas y el acceso a alimentos nutritivos, de lo contrario esas desigualdades seguirán ampliándose con factores agravantes como las pandemias o el cambio climático.

En el caso de Ecuador, la ESAA muestra una muy escasa participación del Estado en la ayuda recibida por los hogares, lo que constituye la menor participación entre los territorios del proyecto. Adicionalmente, dichas medidas de protección social consistieron en programas puntuales, de corta duración, característica que es común entre la mayoría de países según el informe de la FAO. Dicho informe propone que los países deben adoptar un enfoque integral para abordar la desnutrición y la inseguridad alimentaria ante la existencia de los varios grandes factores agravantes, y enfrentar así lo que el informe proyecta a 2030: cerca de 30 millones más de personas con hambre que si el COVID-19 no hubiera existido. Este enfoque integral implica coordinar los portafolios de políticas, inversiones y legislación entre los sectores relevantes, llevando un solo discurso que tome en cuenta la intersección entre el sistema alimentario y otros sistemas como el ambiental, el de salud y el de protección social.

Como lo sugiere la FAO, el empoderamiento de grupos pobres y vulnerables, así como un abordaje a nivel de sistemas son clave para liderar el cambio y dejar de movernos en la dirección contraria para terminar con el hambre y la malnutrición.