De acuerdo al último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –  FAO, las cifras sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el mundo para el año 2021 son preocupantes. La inseguridad alimentaria en el mundo aumentó del 8,4% al 9,9%, es decir que más de 800 millones de personas enfrentaron hambre en el año 2020.

Para el caso de América Latina y el Caribe, estás cifras continúan reforzando las desigualdades históricas que persisten en esta región, en donde más del 20% de toda la población enfrenta hambre. En Latinoamérica, alrededor de 60 millones de personas se encuentran en estado de desnutrición, cifra alarmante en comparación con el año 2019 en el que la cantidad de personas desnutridas fue alrededor de 14 millones. Este número es además preocupante porque en esta región una dieta saludable está fuera del alcance de más de 110 millones de sus habitantes. Asimismo, América Latina fue la región con mayor aumento de inseguridad alimentaria moderada o grave con un 9%, seguido de África con 5, 4%.

Respecto a las brechas de género, tema fundamentalmente prioritario en la agenda de Rimisp, éstas persisten en la inseguridad alimentaria a nivel mundial, siendo un 10% más alta entre las mujeres que en los hombres en el año 2020.

Con este panorama, los países del mundo se enfrentan a dos grandes desafíos: por un lado, se deben esforzar por garantizar los sistemas de salud, alimentación, educación y protección social y, por otro lado, asumir todos los retos que implica la pandemia provocada por el COVID-19.

Carlos Córdoba, director de la oficina Rimisp en Colombia, explica que, aunque la pandemia no modificó las condiciones estructurales de producción de alimentos, si castigó los ingresos y las posibilidades de acceso de las familias más pobres “el desafío sigue estando en que por una parte las familias tengan suficientes ingresos para la seguridad alimentaria y por otra en avanzar en una inversión pro equidad en el sector  de desarrollo rural.” Para Córdoba, a pesar que desde el gobierno colombiano se invierte una cantidad importante del presupuesto en este sector “no hay suficiente evidencia de que este gasto este siendo efectivo en términos de equidad y seguridad alimentaria, posiblemente no esté impactando en esta dimensión y esto es necesario corregirlo”.

La pobreza (exacerbada con la pandemia), los conflictos internos y el cambio climático son algunas de los factores que el informe destaca como grandes causas del aumento del hambre en el mundo. Estos temas impactan de manera importante el caso colombiano en dónde, en en materia de pobreza las cifras en el último año aumentaron de 35,7% a 42,4%, según datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), esto representa que más de 20 millones de personas en Colombia viven en condición de pobreza y más de 7 millones en pobreza extrema. La pobreza y la desigualdad son factores estructurales que tienen impactos en todos los sistemas y entornos alimentarios, lo que en última instancia afecta el acceso a una dieta saludable.

En el caso de los conflictos internos, estos afectan negativamente a casi todos los aspectos de un sistema alimentario, desde la producción, la cosecha, el procesamiento y el transporte hasta el suministro de insumos, la comercialización y el consumo. Los impactos directos pueden incluir la destrucción de activos agrícolas y de medios de vida. En el caso de Colombia este tema afecta notoriamente el sistema alimentario del país, ya que, de los países de América Latina, Colombia sigue manteniendo un conflicto armado en varias regiones del territorio, “frente a este tema, se requiere que en este último año de gobierno y en la agenda de elecciones presidenciales, se prioricen acciones concretas con enfoque territorial que reconozcan las diferencias regionales que tenemos tanto en cómo se generan estos problemas como en las alternativas para resolverlos”, enfatizó Carlos Córdoba.

Respecto a los efectos climáticos, los cuales afectan negativamente la productividad agrícola y pueden tener impactos significativos en toda la cadena de valor alimentaria, con consecuencias negativas en el crecimiento del sector y en las agroindustrias, Carlos Córdoba afirma que “Colombia ya está sufriendo los impactos del cambio climático en la producción de alimentos y continua con un esquema bastante inequitativo en las distribuciones de los mismos”.

Finalmente, el informe plantea varias recomendaciones a través de las cuales los sistemas alimentarios podrían transformarse para garantizar el acceso a la alimentación para todos y todas de manera sostenible e inclusiva.

Algunos de estas tienen que ver con abordar la pobreza y las desigualdades estructurales, asegurando que estas intervenciones sean favorables a los más pobres. Asimismo, se requiere la integración de políticas humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz en áreas afectadas por conflictos y, de manera paralela fortalecer el empoderamiento de pequeños agricultores, mujeres, jóvenes y niños para que tengan un mayor acceso a los recursos productivos y a la educación, temas fundamentales en los que Rimisp viene trabajando en los últimos años proponiendo estrategias de transformación para la equidad territorial en América Latina. “Se requiere una revisión de las prioridades y tal vez aplazar algunas inversiones para poder atender de manera sostenible los temas de seguridad alimentaria en el territorio y de manera específica en lo rural”, reveló Carlos Córdoba.

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