Un proceso de construcción colaborativa ha marcado el diseño del Plan Nacional Agropecuario (PNA) 2020 -2030, en el que nuestra oficina en Ecuador, junto con la representación en ese país de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), han asesorado técnicamente al Ministerio de Agricultura ecuatoriano.

“El PNA responde a un viejo pedido del sector campesino. Contar con unas políticas de Estado que sean construidas de manera participativa, como ha sido todo este proceso, era un anhelo. Para Rimisp ha sido una gran responsabilidad haber sido considerados por FAO, para colaborar en este proyecto de construcción”. Señala Ney Barrionuevo director de Rimisp en Ecuador, quien, entre otras tareas, ha facilitado y sistematizado varios de los talleres que se realizaron para sumar los aportes de los diferentes actores convocados a ser parte de este proceso.

El diálogo, la inclusión multiactoral, las consultas y metodologías participativas, han dado como resultado un conjunto de políticas con puntos comunes y mínimos conflictos, aún dentro de los graves efectos económicos, sociales y sanitarios derivados de la pandemia por el COVID-19.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), inició en octubre 2019 este proceso, el cual contó con un Grupo Consultivo, conformado por representantes de los productores, sector privado, la academia, la sociedad civil, la cooperación internacional, los gobiernos autónomos y diversas entidades de gobierno. Una heterogeneidad de actores que han aportado en cada uno de los ejes de política planteados, así como a las diversas opciones de instrumentos, su priorización, la visión a futuro y las metas del PAN. “El objetivo de este proceso ha sido propiciar la participación, retroalimentarlo y validar su construcción, por medio de talleres que se organizaron en varias ciudades del país y que han convocado a 362 personas. Hemos recibido más de 500 observaciones que han nutrido el proceso de construcción de la política y en sí sus lineamientos”, explica Johanna Flores, oficial de Proyecto de la FAO-Ecuador.

Este intenso trabajo, basado en el debate y el análisis, cuenta en la actualidad con una visión validada, con seis objetivos estratégicos ya definidos. También tiene igual número de ejes de política, los cuales son: Fomento de la productividad y la calidad; Orientación y desarrollo de mercados; Acceso a servicios e infraestructura; Fortalecimiento de la asociatividad y participación; Sostenibilidad ambiental, adaptación y mitigación al cambio climático y Modernización e innovación institucional y legal.

Por ello, utilizar el diálogo como una herramienta que evita conflictos ha demostrado que tiene buenos frutos. Esta política de Estado, con un proceso participativo con retroalimentación es un modelo de participación con instrumentos y herramientas claras y Rimisp ha sido orgullosamente parte de este proceso.

Ney Barrionuevo, también enfatiza en el hecho que la construcción del PAN, inició con un contexto bastante diferente al actual, en el que los indicadores económicos y sociales del Ecuador se ven sumamente afectados por los impactos del COVID-19. “El escenario se volvió más complejo. En la época de mayor bonanza petrolera, la pobreza rural en el Ecuador, descendió hasta un 35.3%.   Debido a la caída de los precios del petróleo en 2014, volvió a subir hasta el 41.8%. Sin embargo después de esta pandemia, la evaluación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) coloca a la pobreza por ingresos en el 37%, a nivel nacional,  y la pobreza rural podría acercarse al 60%.”.

Las pérdidas para el agro en Ecuador para el primer semestre de este año han sido calculadas en más de $358 millones de dólares. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al menos 900 mil personas registrarán pérdidas en sus ingresos, debido al desempleo, subempleo o la disminución de sus salarios, por lo que se prevé un incremento de 2.1 millones de nuevos pobres en esta nación. Este dato tiene fuertes repercusiones para la agricultura y el campo en el país andino, no solo porque históricamente la pobreza se concentra en el medio rural, sino porque la disminución de ingresos en las clases medias urbanas, tendrá consecuencias en la demanda de los productos provenientes del agro. A todo esto debe sumarse que la desnutrición infantil crónica, sobrepasaría el 29% y la disminución de recursos por la caída de los ingresos fiscales.

“La crisis del Covid no solo es sanitaria. Es económica y social, por ello la respuesta debe ser socioeconómica y de eso se trata el PNA. Debe pensarse en el agro como motor de la reactivación económica, pero con instrumentos claros, diferenciados y a la vez articulados”, subraya el Director de la oficina Rimisp de Ecuador.

El reto de continuar con el diseño del Plan, con un cambio de escenario de esta magnitud, fue asumido por las autoridades, expertos y asesores técnicos y la diversidad de actores que han participado en su construcción. Este desafío planteó la toma de la decisión estratégica de pasar a un sistema agrario de desarrollo sostenible, con foco en la calidad y la sostenibilidad, con un punto de atención en la inversión, en las exportaciones, la diversificación de rubros, que incluya alianzas público-privadas y la cooperación internacional.

De su perspectiva, Eddie Pesántez, viceministro de Desarrollo Productivo Agropecuario, destaca los pasos dados en este proceso y su carácter estratégico. “La planificación parte de un diagnóstico y debe responder a una política nacional, que se convierte en política sectorial. Se deben hacer, como país, proyecciones a futuro con un crecimiento ordenado. Para ello hay que generar un ambiente adecuado por ello es importante dejar una orientación 2030, con indicadores cuantificables”. Recalca que el PNA debe ir en consonancia con la búsqueda de la capacidad resolutiva en el sector agropecuario, explotando al máximo las oportunidades que se presenten en los mercados nacional e internacional, que lleven a la prosperidad del sector y mantengan la soberanía alimentaria. Así también reseñó el fortalecimiento de la asociatividad y la potencialización de los colegios agropecuarios, para fomentar la participación de los jóvenes y los créditos especiales para las mujeres, como segmentos fundamentales de la población rural dentro del proceso de desarrollo y transformación que pretenden las nuevas políticas agropecuarias.