En las recientes elecciones generales, solo 123 mujeres se postularon para un escaño como asambleístas nacionales y apenas una se presentó su candidatura para la Presidencia de la República.

La elección de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador es un hecho inédito. Con su elección, el 15 de mayo pasado se convierte en la primera mujer indígena amazónica en dirigir esta entidad. Su llegada a la dirección de la Función Legislativa es un logro que brinda esperanza a sus pares, en un contexto nacional en el que la participación política del género femenino no llega a la equidad que está establecida en el artículo 65 de la Constitución Política ecuatoriana.

Las recientes elecciones presidenciales y de asambleístas, desarrolladas hace pocos meses, evidencian, que de 2.247 candidatos que participaron en las votaciones del 7 de febrero pasado, 1.068 son mujeres. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) se determina que el 39% de escaños de la Asamblea Nacional, están ocupados por representantes del género femenino, de un total de 137 asambleístas, es decir la mayoría sigue siendo masculina.

El organismo electoral indicó también, que solo 123 mujeres se postularon para asambleístas nacionales, 498 para asambleístas provinciales, 369 para asambleístas provinciales por circunscripción, 34 para asambleístas por el exterior y 43 para parlamentarias andinas. Y en lo referente a las candidaturas para la Presidencia de la República, apenas una aspiró a esta dignidad, entre 16 candidatos. Aunque, para la vicepresidencia, nueve binomios contaron con la presencia femenina.

El Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujeres aborda esta problemática, desde la forma cómo está concebida la asignación de postulaciones.  Señala que de acuerdo al método de Webster aplicado en estas elecciones, las listas cerradas y bloqueadas han permitido que se mantenga el número de mujeres participantes en la Asamblea Nacional, “tomando en cuenta que en el 2017 tuvimos una representación de 51 mujeres. Pero, partiendo de que el electorado al momento de votar está escogiendo a los candidatos que lideren las listas debido a la fragmentación electoral existente”. Y ahí es donde radica uno de los aspectos que explica la menor presencia de las mujeres en las funciones pública, ya que éstas no encabezan las listas de los partidos políticos.

La investigadora de Rimisp en Ecuador, Eugenia Quingaísa, comparte esta opinión y aunque destaca algunos avances en la presencia de las mujeres en los cargos de elección popular, también considera que su presencia en los listados para la selección de los votantes, generalmente es secundaria. “La participación política de nosotras, si bien es cierto, en los últimos años en el Ecuador se ha incrementado, todavía es incipiente. Tenemos casos como el de la Alcaldesa de Guayaquil, algunas Prefectas y Viceprefectas en varias provincias, pero no es suficiente. Desde el momento en que se presentan las candidaturas, en los puestos principales, generalmente, son para los hombres y como un “complemento” se coloca en la lista a las mujeres, muchas veces porque las organizaciones políticas esperan potenciar así el voto femenino”, manifiesta.

Mónica Banegas, directora del Observatorio, expresa que, por esta razón las expectativas están puestas en las siguientes elecciones del 2025, cuando se espera que “la representación de las mujeres alcance un 50% de participación en la Asamblea Nacional pues será obligatorio que las listas electorales estén lideradas en un 50% por cada género, de la mano con los binomios paritarios que presenten sus candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia de la República.

Sin embargo, otro de los motivos que explica la baja participación de las mujeres en la política ecuatoriana está relacionada con los niveles de violencia y ataques, principalmente en redes sociales, que sufren las señoras y jóvenes que participan en política y quienes ejercen cargos públicos.

En días pasados la directora de la ONG Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, participó en el foro internacional “Violencia política y sus implicaciones ante el proceso electoral 2021”, organizado por el Acuerdo de Lima.

En el evento, Ruth Hidalgo habló sobre esta problemática y explicó que la violencia política merma la participación de las mujeres, “ya que no todas está dispuestas a asumir el costo de hacer política, y que esto se ve en la disminución de la presencia de ellas en esta actividad a partir de los 40 años”. Añadió que no quieren ser puestas en evidencia en redes y criticadas por roles o apariencia física basados en estereotipos sociales. “Nuestros monitoreos de violencia política contra las mujeres en Twitter han permitido visibilizar esta problemática y ponerla en la discusión de la esfera pública”, explicó.

Esta situación perjudica la acción y presencia de las mujeres en la política, ya que es fundamental en el momento de la decisión de ellas sobre su participación. Muchas prefieren ocupar puestos secundarios, debido al temor a la exposición pública y a sufrir acoso y diferentes tipos de violencia que se evidencia, principalmente, a través del Internet.

Sobre este aspecto, Eugenia Quingaísa, cree que, aunque las redes sociales se han convertido en un instrumento de ataque generalizado para casi todo tipo de temas, es especialmente en el ámbito político donde se nota una tendencia hacia la agresividad aún mayor. “Es innegable que las mujeres que se dedican a la política llevan la peor parte. Ataques, comentarios denigrantes y expresiones que se vierten sobre determinadas funcionarias o activistas, se emiten por el hecho de ser señoras o jóvenes. Se tiende a indagar mucho más en el pasado, la profesión o la trayectoria de la mujer que se dedica a la política, que en la experiencia de un hombre.  Y se intenta “justificar” que alguna funcionaria, asambleísta o cualquier dama en el servicio público ha logrado determinada dignidad, por su belleza física, antes que por su capacidad”, indica.

Para Ruth Hidalgo, el involucramiento de la sociedad civil como uno de los actores que debe ser parte de la solución, es prioritario. “Su rol es básico porque la violencia política es un tema de violencia estructural hacia las mujeres. Es necesaria la participación de la ciudadanía para su erradicación”, señaló.