• Los hogares encabezados por mujeres tienen altos índices de pobreza e inseguridad alimentaria.

La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha impactado de manera directa y diferenciada  de acuerdo a las cifras del informe anual Panorama Social de América Latina 2020, de las Naciones Unidas (ONU, 2020), el cual señala que la pandemia irrumpe en un escenario económico, social y político complejo: bajo crecimiento, aumento de la pobreza y crecientes tensiones sociales. Además, pone al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad y desprotección social, así como la injusta división sexual del trabajo y organización social del cuidado, que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos y la autonomía de las mujeres. También muestra, las brechas entre grupos de población: la pobreza es mayor en áreas rurales, entre niñas, niños y adolescentes; indígenas y afrodescendientes; y en la población con menores niveles educativos.

Ante este contexto, surge el proyecto Siembra Desarrollo para comprender los efectos de la pandemia en la agricultura familiar y la alimentación en los territorios rural-urbanos de América Latina; iniciativa apoyada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en ingles) de Canadá. A través de la generación de estudios y análsis se pretende detonar procesos de diálogo que permitan enfrentar de manera más justa y resiliente la crisis actual en los sectores rural-urbanos.

El análisis de coyuntura n°20, Brechas territoriales de género en prácticas alimentarias durante la pandemia del COVID-19, es la más reciente actualización del Proyecto Siembra Desarrollo, Pequeña agricultura alimentación resilientes al COVID-19 y aborda las desigualdades de género y territoriales en las prácticas e inseguridad alimentaria durante la pandemia, utilizando datos de la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación (ESAA), aplicada por Rimisp entre los meses noviembre  2020 y enero 2021 en 10 territorios de 5 países: Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala y México.

Entre los hallazgos más sobresalientes del análisis de coyuntura, se evidencia que los hogares con jefaturas de mujeres reportan tasas de inseguridad alimentaria más elevadas que los hogares con jefaturas masculinas en todos los territorios encuestados, excepto en Guatemala donde la diferencias es casi inexistente (Cano et al. 2021).

En cuanto a la tasa de pobreza, en los territorios de los cinco países, los hogares encabezados por mujeres reportan en mayor proporción tener ingresos inferiores a la línea de pobreza nacional. En todos los países las tasas de pobreza en los territorios seleccionados son mayores que el promedio nacional.

Además, los hogares de los países estudiados presentan una alta tasa de dependencia (alrededor de un 30% o más), es decir, cuentan con personas en edad económicamente inactiva (niños y adultos mayores), tanto aquellos encabezados por hombres como por mujeres.

Inseguridad Alimentaria y alimentación en Guatemala

En Guatemala, las cifras de inseguridad alimentaria reflejan porcentajes del 18.1% de inseguridad alimentaria grave y de 45.2% de inseguridad alimentaria total (2017-2019). Estas son de las más altas del istmo centroamericano y del continente. La inseguridad alimentaria ha tenido incrementos del 2% en la inseguridad severa y del 2.5% para la total (Cano et al. 2021).

La situación de inseguridad alimentaria en las áreas rurales se agudiza al tener en cuenta que la crisis del COVID-19 tiene su cuota de refuerzo de las brechas. De acuerdo a FAO (2020), en áreas rurales la pandemia puede estar sumando alrededor de 10 millones de personas, de las cuales 6 millones son mujeres, que no poseen los ingresos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria. Esto, tiene impacto directo en el incremento de la inseguridad alimentaria. Es oportuno señalar que en los hogares conducidos por mujeres la inseguridad alimentaria viene a sumarse a otro cúmulo de inequidades como las dobles y triples jornadas laborales, disparidad en el acceso a la tierra y empleo, entre otras.

Al respecto, Alberto Cano Romero investigador en Rimisp Guatemala nos explica: “Las mujeres participan en múltiples actividades vinculadas con los cuatro pilares de la seguridad alimentaria. Algunas de estas actividades incluyen la producción de alimentos de origen agropecuario, la venta y comercio en diferentes escalas y la gestión de recursos naturales que son esenciales para la garantía del acceso a alimentos. Por otra parte, contribuyen activamente en la generación de ingresos en los hogares. Vinculado a ello, se sabe que las mujeres invierten más que los hombres en la alimentación familiar.”

Además, agrega el Master en Desarrollo y Cooperación Internacional “A pesar de su contundente contribución a la seguridad alimentaria y nutricional, en Guatemala las mujeres rurales e indígenas son las que más sufren de hambre y pobreza. De ahí la importancia de invertir en la agricultura con enfoque de género, en un país como este ya que se considera fundamental para que ellas puedan alcanzar un potencial pleno para contar con niveles de vida dignos y que, entre otros aspectos, puedan alcanzar la seguridad alimentaria. Es importante resaltar que la equidad de género es en sí misma es un factor esencial para el alcance de la meta de poner fin al hambre y malnutrición establecidas en la Agenda 2030. Para lograrlo es importante  la adopción de estrategias y políticas públicas agrarias que se desentiendan del esquema tradicional. Estas deben tener a la inclusión de las mujeres y la equidad de género como el eje impulsor principal.

También “Es necesario contar con un panorama de valoración de los aportes y problemáticas que afrontan las mujeres en la actividad agrícola a niveles locales y territoriales para poder construir intervenciones diferenciadas a la vez que certeras. Las medidas de inclusión y empoderamiento de las mujeres en la agricultura pueden comprender el acceso a tierras cultivables, la dotación de capital semilla y créditos a bajas tasas de interés, los seguros de producción agrícola y el intercambio de conocimientos en técnicas productivas. Pero además de los aspectos productivos, es necesario conformar estrategias de comercialización ceñidas a las dinámicas particulares de las mujeres y que incluyan nichos de venta estables, en los que las mujeres puedan vender la producción agrícola a precios competitivos”, afirmó el investigador Cano.

Inseguridad alimentaria y alimentación en México

La situación en México no dista mucho a la de Guatemala, la encuesta ESAA fue realizada en los estados de Puebla y Tabasco, en donde dos años previos a la pandemia ya prevalecía una inseguridad alimentaria (severa más moderada) en 20% de los habitantes de Puebla, mientras que en Tabasco este porcentaje era del 45% (CONEVAL, 2020b y CONEVAL, 2020c).

Las cifras de prevalencia alimentaria por sí mismas son alarmantes, pero al realizar la desagregación por sexo en cada entidad se vuelven más preocupantes al ser mayor en las mujeres como lo señala el análisis de coyuntura. El 51% de las mujeres en Puebla presentan inseguridad alimentaria, de ellas, el 12% se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria severa. En Tabasco, el porcentaje de mujeres es más elevado, el 61% de ellas presenta inseguridad alimentaria, el 22% en grado severo. Este impacto diferenciado por género muestra que la desigualdad existente en ambos estados tiene una influencia importante en la seguridad alimentaria de la población.

En este sentido, Marisol Galicia Ramírez asistente de investigación de Rimisp México destaca que: “uno de los roles más visibles de las mujeres campesinas es  la producción de alimentos, aunque no solo se involucran en está tarea ya que muchas de ellas también se encargan de venderlos en sus entornos. Pero quizás, la actividad que incluye a la gran mayoría de mujeres, inclusive a quienes no trabajan en el campo, es la preparación de alimentos. Está tarea, al ser cotidiana puede llegar a obviarse. Sin embargo, las mujeres al encargarse de la preparación de alimentos tienen una responsabilidad en asegurar que sus familias tengan una alimentación saludable, lo cual incluye tanto conseguir los alimentos, su preparación y distribución al interior de su núcleo familiar. Lamentablemente aún hay brechas que superar para conseguir una equidad de género. Estas diferencias aún existentes colocan a las mujeres campesinas en situaciones de vulnerabilidad ante eventos como el que vivimos hoy en día. Por ello es necesario tener un enfoque de género que permita visibilizar los problemas de manera diferenciada y a partir de su reconocimiento se pueda planear estrategias que ayuden a superarlo”.

Finalmente, Marisol Galicia menciona que ante este contexto hay una gran oportunidad en mejorar la alimentación de ellas y de sus familias si se trabaja con una perspectiva de género que permita una distribución igualitaria de los alimentos para asegurar su derecho a la alimentación.  Para conseguir lo anterior, también debe brindarse el acceso igualitario a diferentes recursos, ya sean económicos o materiales finalizó.

Ya que la coyuntura actual es una oportunidad de cambiar la situación, el proyecto Siembra Desarrollo se presenta como una iniciativa y una propuesta de revisión de los efectos adversos de la pandemia hacia las mujeres, al profundizar las desigualdades de oportunidades y de condiciones de inserción en la economía y el trabajo.