Este caso ejemplifica una temática que resulta de interés para Rimisp y varios de sus socios: el modo en que el capital natural y los servicios ecosistémicos influyen en las dinámicas territoriales en áreas rurales. Entre las investigaciones del programa Dinámicas Territoriales Rurales, coordinado por Rimisp, hay dos casos que ilustran cómo el conjunto de condiciones ecosistémicas e institucionales del territorio pueden determinar una dinámica ambiental favorable e incluso modificar positivamente la calidad de vida e ingresos de sus habitantes. Ellos son el del ya mencionado embalse de Cerrón Grande, en El Salvador, y el de la reserva natural Macizo de Peñas Blancas, ubicada entre el departamento de Jinotega y Matagalpa, en Nicaragua.

EMBALSE DE CERRÓN GRANDE: DE UNA PROMESA A UNA OPORTUNIDAD

Los municipios que forman parte de la ribera norte del Humedal Cerrón Grande, en el departamento de Chalatenango (Tejutla, El Paraíso, Santa Rita, Chalatenango, Azacualpa, San Luis del Carmen y San Francisco Lempa) comparten una historia común asociada a algunos megaproyectos, como la construcción de la represa hidroeléctrica Cerrón Grande en 1977, que tuvo importantes impactos sociales y ambientales por la pérdida de tierras de cultivo y viviendas. Lo anterior, unido a la presencia del conflicto armado en la zona entre 1980 y 1992, ha determinado las dinámicas territoriales actuales. Estas han sido analizadas con detalle en el estudio “Dinámicas socioambientales y productivas en la zona norte de El Salvador: la ribera norte del Humedal Cerrón Grande”, realizado por el Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA). El estudio constata que todos los municipios que bordean el embalse muestran un mejoramiento en el ingreso y una reducción de la pobreza rural entre 1992 y 2007. En cuanto al ingreso per cápita, también todos presentan un incremento, destacando el municipio de San Francisco Lempa con el 35,72%. En materia de pobreza, el municipio que más redujo este indicador es Santa Rita, que la ha visto mermar en 48,85%, seguido por Azacualpa con un 42,88%.

Mirando los antecedentes históricos, el estudio indica que la construcción de la represa hidroeléctrica dio lugar a la inundación de buena parte de las mejores tierras cultivables de Chalatenango –una superficie de 135 km2– e implicó el desplazamiento de 13 mil pobladores desde los lugares donde solían habitar y realizar sus cultivos, recibiendo a cambio indemnizaciones muy escuetas. Esta experiencia permanece en la memoria de los habitantes como un despojo de su vida y territorio, pese a que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa (CEL) reubicó a más de nueve mil de los afectados en el límite norte del embalse.

Con las heridas aún abiertas, en la década del 80 la zona se vio expuesta a las consecuencias del conflicto armado. Pese a que los combates internos no se dieron en esa área geográfica específica, varios de los municipios fueron sometidos al control del ejército. Así, la migración se convierte en una salida ante la inseguridad que provoca la guerra, la crisis del agro y la pérdida de tierras por causa de la represa. La gente ve en la capital del país, y también en el extranjero, la posibilidad de rehacer su vida.

Ante este complejo panorama social, los municipios optaron por volver las circunstancias a su favor, conscientes de constituir una zona de gran importancia para la generación eléctrica del país. Fue así como el embalse Cerrón Grande se convirtió en el recurso natural más importante del territorio, producto de un proceso que se inició en la década del 90, cuando se piensa socialmente como un ecosistema proveedor de bienes y servicios ecosistémicos, entre los cuales destacan provisión de energía hidroeléctrica, control de inundaciones, depuración de aguas, pesca, agricultura, turismo y biodiversidad.

Por otra parte, la incidencia de las convenciones internacionales en la institucionalidad estatal y una mayor conciencia social acerca de la conservación de los recursos naturales dio lugar a la organización de diversos actores –municipalidades, mancomunidades de municipios, organizaciones sociales, gremios, entre otros– en torno a la creación de propuestas para el manejo integrado y sostenible de las cuencas y de las tierras con características de “humedal”: aquellas inundadas de manera permanente y con un ecosistema híbrido entre lo acuático y lo terrestre. En este proceso, los municipios han contado con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) gracias al cual el lugar logra convertirse en un Sitio de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar.

La idea fuerza detrás de estas mociones ha sido salvaguardar un importante recurso natural, utilizarlo como eje dinamizador del desarrollo y lograr generar con ello estrategias productivas más inclusivas, como por ejemplo un buen manejo de las tierras fluctuantes aledañas al humedal.

Cabe tener en cuenta que el manejo del humedal es muy complejo debido a los graves procesos de deterioro que enfrenta como consecuencia del excesivo aprovechamiento de sus recursos y la destrucción y fragmentación del hábitat asociada a la ampliación de la frontera agrícola, con impactos sobre la flora y fauna. También clave para el manejo del humedal son las llamadas tierras fluctuantes, aquellas ubicadas en las cotas máximas y mínimas de operación para la generación de energía, que actualmente CEL arrienda a particulares para el pastoreo y siembra de granos básicos, sin mayores regulaciones, generándose con ello degradación y contaminación del suelo.

Los grupos, municipios, mancomunidades y comités –como el Comité Ambiental de Chalatenango (CACH)–, entre otros actores sociales locales, han comprendido que el descuido del medio ambiente está directamente vinculado al aumento de la pobreza. Así, se han enfocado en la elaboración de propuestas y diagnósticos orientados a combatir este problema. Muestra de ello es el PADEMA, Plan Departamental de Manejo Ambiental, que ha logrado coordinar la visión del desarrollo del territorio de los actores sociales de Chalatenango. Los elementos de la estrategia territorial contenidos en el plan –que constituye un ejercicio inédito en la construcción de propuestas desde las entidades sociales– incluyen “los potenciales ambientales de Chalatenango y su relación con el resto del país como productor de servicios ambientales”.

UN MACIZO PRÓDIGIO EN SERVICIOS

Entre 1998 y 2005 los indicadores del territorio de la Reserva Natural Macizo de Peñas Blancas, en Nicaragua, muestran un leve aumento en el consumo promedio de la población y, al mismo tiempo, una mejoría en el coeficiente de Gini. ¿Qué dinámicas territoriales habían generado estos cambios económicos y distributivos? Esa y otras interrogantes intentó despejar el estudio “Gobernanza en el uso y acceso a los recursos naturales en la Reserva Natural Macizo de Peñas Blancas”, a cargo del Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapán de la Universidad Centroamericana (Nicaragua) y el Danish Institute for International Studies (DIIS).

El macizo en sí es un recurso natural geográficamente determinante para la zona en términos de identidad territorial, no solo por haber sido declarado Reserva Natural en 1991 y considerarse Reserva de la Biósfera, sino porque su ecosistema de bosque tropical siempreverde montano y submontano provee diversos servicios a las poblaciones aledañas: agua para diferentes usos; bosque (material de construcción, energía, calefacción); biodiversidad (cacao fi no, especies endémicas, plantas medicinales, entre otros); paisaje (agro y ecoturismo, turismo comunitario y educativo).

Según el estudio, el eje articulador del territorio es el agua, que abastece a las cabeceras municipales y a más de 30 comunidades que la utilizan para regar hortalizas, dar de beber al ganado y mantener húmedo el café, entre otros usos fundamentales para la subsistencia. Por su parte, el uso y control de la tierra en la Reserva Natural es el núcleo sobre el cual giran las prácticas organizativas y económicas de los actores tradicionales del territorio: los grandes latifundistas de La Dalia; los colonos, que viven en las poblaciones de la zona y proveen la mano de obra para las actividades agrícolas en las grandes haciendas; y los minifundistas cafetaleros, quienes tienen sus pequeñas fincas en las partes altas, principalmente del Cuá y Rancho Grande.

La hipótesis central del estudio en relación a los cambios económicos, distributivos y ambientales observados, es que estos se deben a que la competencia entre los actores sociales sobre el uso y el control de la tierra ha sido llevada a cabo cada día más en el campo ‘ambiental’ y menos en el ‘productivista’. Asimismo, diversos cambios institucionales han contribuido a modificar el manejo del acceso y uso de los recursos naturales en pos de una mayor inclusión social y sustentabilidad ambiental. Entre las principales fuentes del cambio del esquema “productivista” al “ambiental” destaca la crisis del café, que llevó a buscar nuevos nichos en el mercado de este producto, como es el caso del café orgánico. Esto ha ido acompañado de un discurso sobre desarrollo y producción ambientalmente sostenible en el área de la reserva, que no ignora las amenazas a sus recursos naturales y ecosistémicos. De hecho, el aumento de la demanda de agua para consumo doméstico debido al crecimiento de la población –que pasó de 92 mil habitantes en 1998 a 126 mil en 2005– llevó a centrar la atención en el bosque de la Reserva Natural y los servicios hídricos que proporciona. Y es que de allí proviene el 80% del agua que abastece a los municipios de Tuma-La Dalia, Rancho Grande y el Cuá, y se ha detectado contaminación de fuentes de agua durante las etapas iniciales del procesamiento del café. A lo anterior hay que sumar el aumento en el interés ambiental por parte de la cooperación internacional y los gobiernos municipales para asegurar un desarrollo sostenible de la reserva natural, como parte de un esfuerzo por profundizar la descentralización y fortalecer la relación entre alcaldía y ciudadanía. Esto se ha expresado, entre otras cosas, en la creación de un catastro físico de las tierras para fomentar la protección y regular el uso de los suelos y el agua, en la formación de la Asociación de Municipios de Peñas Blancas del Norte (AMUPEBLAN) y en la elaboración de una propuesta de plan de manejo.

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Fotografía: Silvia Gutiérrez / Prisma, El Salvador

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