En México, a principios de noviembre del 2020, se han reportado 967.825 personas contagiadas por COVID-19 y 95.027 decesos, lo que ajustado por el tamaño poblacional del país equivale a 737 personas fallecidas por cada millón de habitantes.

A pesar de que la mayoría de los contagios ha ocurrido en zonas urbanas, a medida que el virus se expande, se observa una mayor incidencia en los territorios rurales e intermedios (rural-urbanos). En estos territorios existen riesgos particulares para enfrentar una crisis sanitaria, debido a las dificultades de conectividad y menor acceso a servicios públicos, incluyendo servicios de salud. Sumado a esto, los datos aquí presentados dan cuenta que los hogares encabezados por mujeres en los territorios rural-urbanos enfrentan la crisis sanitaria en condiciones de mayor vulnerabilidad.

En cuanto a la composición de los hogares de los territorios rural-urbanos de México, las cifras del Observatorio muestran que aquellos encabezados por mujeres son mayoritariamente monoparentales (60,6%), mientras solo un 9,9% de los hogares encabezados por hombres lo son. Esta amplia brecha se replica en todos los territorios rural-urbanos, a saber, grandes, medianos y pequeños.

Sumado a esto, la presencia de personas de 65 años o más es un 27,4% mayor en los hogares encabezados por mujeres. Del mismo modo, la tasa de dependencia –a saber, el total de personas en edad inactiva (niños y adultos mayores) sobre la población activa del hogar– es un 16,4% mayor si se compara con aquellos hogares encabezados por hombres. Las brechas mencionadas se replican con una magnitud similar en los tres tipos de territorios.

Este conjunto de indicadores sobre la composición del hogar muestra la mayor vulnerabilidad de gran parte de los hogares con jefatura femenina, especialmente de los territorios más rurales. La monoparentalidad está fuertemente asociada a menores ingresos en el hogar y es una de las causas de lo que se ha llamado la feminización de la pobreza. Además, en hogares monoparentales se incrementa la responsabilidad sobre los cuidados de las personas dependientes –personas de riesgofrente al COVID-19– que, como muestran los datos, están en una mayor proporción en los hogares con jefatura femenina de territorios rurales.

En relación al servicio de alcantarillado en el hogar –clave en el contexto de una crisis sanitaria– se observa un amplio acceso en todos los territorios rural-urbanos, independiente de su tamaño, y no se observan brechas de género estadísticamente significativas.

En cuanto al tipo de transporte para acceder a servicios médicos, en todos los territorios el uso del transporte público es mayor en los hogares encabezados por mujeres, y en mayor proporción en los territorios grandes. Además, la brecha de género en el uso del transporte público es mayor en los territorios grandes: en los hogares encabezados por mujeres se ocupa un 37% más que en los encabezados por hombres. Esto nos alerta sobre el impacto diferencial que tienen para los hogares encabezados por mujeres las restricciones en los servicios de transporte público, propiciadas como medidas de control de la pandemia, especialmente en los territorios más urbanos.

La participación electoral en México ha mostrado en general, para elecciones parlamentarias y presidenciales, una tendencia decreciente desde 1994, año en que se obtuvo la máxima participación electoral, con un 78,5% en las elecciones presidenciales. En las elecciones de 2018, el 66,2% de las mujeres participaron frente a un 58,1% de los hombres. Y con respecto a la afiliación a partidos políticos, según datos de 2017, el 16,9% del padrón electoral participa de algún partido político y un 12,5% de los empleados forma parte de sindicatos. Nuestros resultados se interpretan con esta imagen política del país como contexto.

En cuanto a la participación electoral, nuestros resultados dan cuenta de una mayor participación en los territorios rural-urbanos (71,2% hombres y 75,7% mujeres), en relación con el promedio de participación nacional (el 58,1% de los hombres y el 66,2% de las mujeres habilitadas para sufragar). Las mujeres votan más que los hombres en todos los territorios, y la participación tiende a aumentar a medida que aumenta la ruralidad. Los territorios rural-urbanos medianos muestran las mayores brechas a favor de las mujeres, con una menor participación política de los hombres.

Por otro lado, la participación en partidos políticos en los territorios rural-urbanos es bastante menor que la cifra país (16,9%) y son los hombres los que tienden a participar más. El 5% de los hombres y el 4% de las mujeres afirman participar en un partido político, para el total de territorios rural-urbanos. La menor participación de mujeres se da en los territorios más pequeños (más rurales), mientras que, para los hombres, la participación aumenta con la ruralidad. La mayor brecha, desfavorable a las mujeres, se da en los territorios medianos, donde la participación de los hombres casi duplica a la de las mujeres.

La participación en organizaciones vecinales es mayor en hombres que en mujeres, y la participación de las mujeres disminuye a medida que aumenta la ruralidad. Sin embargo, la mayor brecha se da en los territorios más urbanos. En estos territorios, la participación de los hombres llega al 18,5%, y la de las mujeres al 11,6%.

La participación en sindicatos en los territorios rural-urbanos (6,6% hombres y 2,2% mujeres) es bastante menor que las cifras a nivel nacional (12,5% en 2016), y la participación de mujeres es menor a la de los hombres en todos los territorios. Los territorios más urbanos son los que presentan los mayores niveles de sindicalización (8,5% hombres y 3% mujeres).

Finalmente, la participación en cooperativas –mayor para hombres y mujeres que en los otros países analizados– presenta fuertes brechas entre hombres y mujeres. En el total de la muestra, mientras el 6,1% de los hombres participa de una cooperativa, solo el 1,8% de las mujeres lo hace. La brecha aumenta a medida que aumenta la ruralidad, con la participación de hombres creciendo en territorios relativamente más pequeños, y la de mujeres reduciéndose en paralelo.

En México se observan amplias brechas de género en torno a la autonomía económica de las mujeres. Estas
desigualdades se presentan en todos los indicadores analizados, ya sea entre hombres y mujeres, y/o entre las mismas mujeres.

En los indicadores de pobreza y pobreza multidimensional, las brechas entre hombres y mujeres son pequeñas, y se mantienen similares en los distintos grupos estudiados, a excepción de la población joven, urbana y rural, donde la brecha de género es 3,6 veces mayor que la descrita a nivel nacional. Además, se observan amplias brechas entre mujeres de distintos grupos poblacionales. Por ejemplo, la pobreza es mucho mayor en las mujeres rurales, jóvenes rurales e indígenas que en las urbanas.

En cuando al empleo (tasa de participación laboral, horas laborales remuneradas, tiempo de trabajo no remunerado) existe una amplia brecha de género, donde las mujeres se encuentran más perjudicadas que los hombres en todos los grupos estudiados. Tales grados de desigualdad no son homogéneos entre los distintos grupos, acentuándose para la población rural. Pese a esto, todos los grupos de mujeres han aumentado su participación laboral en mayor medida que los hombres entre 2012 y 2016.

En cuanto a los ingresos, en todos los grupos estudiados las mujeres reciben menos ingresos mensuales que los hombres, y tal desigualdad, en términos relativos, se mantiene similar para todos los grupos, aunque en términos absolutos es mayor en la población urbana. Las brechas entre mujeres también son amplias. Las mujeres rurales reciben un 47% menos de ingresos que sus pares de territorios urbanos, y las jóvenes rurales, un 37% menos que sus pares de territorios urbanos.

En el ámbito de escolaridad, las diferencias entre hombres y mujeres son pequeñas, aunque significativas. No obstante, entre las mujeres urbanas y rurales existen diferencias importantes. La mayor brecha intra-género se observa entre el grupo de las mujeres jóvenes urbanas y las mujeres rurales, con 4 años de diferencia.