Síntesis

Para Colombia, el Observatorio cuenta con análisis de brechas de género sobre autonomía económica y participación social y política.

La información disponible sobre autonomía económica corresponde a los análisis realizados en la primera versión del Observatorio (2018), en base a la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2016 y 2011, los cuales reflejan brechas de género en las dimensiones de pobreza e ingresos, trabajo y escolaridad para la población de territorios urbanos y rurales, y entre la población joven urbana y joven rural.

La información disponible sobre participación social y política corresponde a los análisis realizados en la segunda actualización del Observatorio (junio 2020), con brechas de género sobre participación electoral y en organizaciones (sociales y productivas) en territorios rural-urbanos. Los análisis fueron realizados en base a la Encuesta sobre Dinámicas Territoriales y Bienestar (EDBT) 2017-2018, diseñada colaborativamente entre Rimisp, la Universidad Iberoamericana de México y la Universidad de los Andes en Colombia. 

En Colombia, a principios de noviembre del 2020, se han reportado 1.140.000 personas contagiadas por COVID-19 y 32.791 decesos, lo que ajustado por el tamaño poblacional del país equivale a 644 personas fallecidas por cada millón de habitantes.

A pesar de que la mayoría de los contagios ha ocurrido en zonas urbanas, a medida que el virus se expande, se observa una mayor incidencia en territorios rurales e intermedios (rural-urbanos). En estos territorios existen riesgos particulares para enfrentar la crisis sanitaria, debido a las dificultades de conectividad y menor acceso a servicios públicos, incluyendo servicios de salud. Sumado a esto, los datos aquí presentados dan cuenta que los hogares encabezados por mujeres en los territorios rural-urbanos enfrentan la pandemia en condiciones de mayor vulnerabilidad.

En cuanto a la composición de los hogares de los territorios rural-urbanos de Colombia, las cifras del Observatorio muestran que aquellos encabezados por mujeres son mayoritariamente monoparentales (77,2%), mientras solo un 9,1% de los hogares encabezados por hombres lo son. Esta amplia brecha se replica en todos los territorios rural-urbanos, a saber, grandes, medianos y pequeños.

Sumado a esto, la presencia de personas de 65 años o más es un 27,8% mayor en los hogares encabezados por mujeres. Del mismo modo, la tasa de dependencia –a saber, el total de personas en edad inactiva (niños y adultos mayores) sobre la población activa del hogar–es un 15,9% mayor si se compara con aquellos hogares liderados por hombres, siendo los hogares de territorios más rurales con jefa mujer los que presentan la mayor tasa de dependencia (80,5%).

Este conjunto de indicadores sobre la composición del hogar muestra la mayor vulnerabilidad de gran parte de los hogares liderados por mujeres, especialmente en los territorios más rurales. La monoparentalidad está fuertemente asociada a menores ingresos en el hogar y es una de las causas de lo que se ha llamado la feminización de la pobreza. Además, en hogares monoparentales se incrementa la responsabilidad sobre los cuidados de las personas dependientes –personas de riesgo frente al COVID-19– que, como muestran los datos, están en una mayor proporción en los hogares con jefatura femenina de territorios rurales.

En relación al acceso al servicio de alcantarillado –clave en el contexto de una crisis sanitaria–se observa que decrece a medida que aumenta la ruralidad y, en particular, gran parte de los hogares de territorios rural-urbanos pequeños no tiene acceso. A diferencia del resto de los indicadores, son los hogares encabezados por mujeres lo que poseen mayor acceso a alcantarillado frente a los encabezados por hombres, en los tres tipos de territorios.

Los indicadores asociados al tipo de transporte para acceder a servicios médicos y de urgencia muestran que los hogares encabezados por mujeres en los territorios rural-urbanos de Colombia usan entre un 15% y un 18% más el transporte público para acceder a servicios médicos y hospitalarios. Así también, existe una amplia diferencia en el uso del transporte público entre los distintos tipos de territorios, donde un gran porcentaje de los hogares de territorios grandes lo ocupa frente a una baja proporción de hogares de territorios pequeños. Esto nos alerta sobre el impacto diferencial que tienen para los hogares encabezados por mujeres las restricciones en los servicios de transporte público, propiciadas como medidas de control de la pandemia, especialmente en los territorios más urbanos.

Colombia es el tercer país con menor participación electoral en Sudamérica, seguido por Chile y Venezuela. La participación electoral se ha movido históricamente entre el 40% y un poco más del 50%, con auges y caídas, llegando al 53,4% de participación en 2018 (IDEA, s.f.). En las mismas elecciones, el 55,2% de las mujeres habilitadas para sufragar lo hicieron frente a un 51,6% de hombres. Por otro lado, la participación en sindicatos, en dicho país, es la más baja en comparación a Chile y México, donde solo un 9,5% de los empleados se encuentra afiliado.

Las cifras de este Observatorio nos muestran que en los territorios rural-urbanos de Colombia la participación electoral es mayor a la nacional. El 77,6% de los hombres y el 78,7% de las mujeres revela haber participado de la última elección, mientras que el 59,4% de los hombres y el 58,4% de las mujeres asegura votar en todas las elecciones. En general, las mujeres muestran una mayor participación, al menos en las últimas elecciones, lo que coincide con la tendencia a nivel nacional.

La participación electoral no es la misma en todos los territorios. De hecho, se observa que la participación constante en elecciones es mayor en los territorios grandes, es decir, más urbanos. Esto se condice con el hecho de que el ejercicio del voto en Colombia está fuertemente afectado por la dificultad de acceso a los puestos de votación, lo que es notoriamente mayor en zonas rurales profundas y/o afectadas por el conflicto. Estas situaciones afectan especialmente a las mujeres.

Con respecto a la participación en partidos políticos, esta llega a niveles muy bajos, no superando el 2% para las mujeres en la mayoría de los territorios. Los hombres participan significativamente más que las mujeres, especialmente en los territorios rural-urbanos más grandes.

La participación en juntas de vecinos también presenta brechas negativas para las mujeres, quienes participan menos que los hombres para todos los territorios. Además, existe una fuerte relación entre participación y ruralidad, donde las mujeres participan mucho menos en los territorios más pequeños. Esta situación es compleja en tanto la participación en organizaciones sociales suele estar asociada no solo a mayor participación cívica de las mujeres, sino también a mayores redes de apoyo.

La densidad sindical encontrada en nuestra encuesta (2,4% hombres y 1,5% mujeres) es muy baja en comparación a la existente a nivel nacional (9,5%). En cualquier caso, se aprecia una brecha que favorece a los hombres por sobre las mujeres, y que es significativa para los territorios medianos y pequeños.

Una situación similar se puede observar en las cooperativas. En este caso, mientras que para los hombres la participación es muy baja y tiende a disminuir con el tamaño de territorio, para las mujeres es aún más baja, y relativamente constante (en torno al 1%) en cualquier territorio.

En Colombia persisten amplias brechas territoriales y de género. En gran parte de los indicadores,
independiente de los promedios nacionales, las mujeres se encuentran en una peor posición para ejercer su autonomía económica. Entre ellas, las mujeres rurales y jóvenes rurales suelen ser las más perjudicadas a la vez que enfrentan mayores grados de desigualdad en relación a los hombres.

En el indicador de pobreza por ingresos, la incidencia del fenómeno es mayor para la población rural y en especial para las mujeres, con un 58% más de pobreza que las mujeres urbanas. Además, la brecha de género observada a nivel nacional es considerablemente mayor entre hombres y mujeres rurales, y entre la población joven de territorios urbanos y rurales.

En materia de empleo (tasa de participación laboral, desempleo, horas laborales remuneradas) las mujeres se
encuentran en peor posición que los hombres en todos los grupos estudiados
. En particular, las mujeres rurales, así como aquellas jóvenes rurales, se ven más afectadas por el desempleo y participan menos en el mercado laboral que sus pares de territorios urbanos, a la vez que enfrentan mayores grados de desigualdad en relación a los hombres.

En cuanto a los ingresos, en todos los grupos estudiados las mujeres reciben mensualmente menos que los
hombres. En particular, los ingresos son significativamente menores para las mujeres rurales y jóvenes rurales, y presentan las mayores brechas de género. La desigualdad entre las mismas mujeres también es relevante, donde las rurales perciben ingresos un 60% inferiores que las urbanas, lo cual se replica en la población de mujeres jóvenes.

En el ámbito de la escolaridad, se observa una incipiente reversión de la brecha, significativa en la mayoría de los casos.  No obstante, existen diferencias entre las mujeres urbanas frente a las rurales, donde las primeras tienen en promedio 4 años más de educación. La población joven detenta los mayores niveles educacionales.