En Chile, a principios de noviembre del 2020, se han reportado 521.558 personas contagiadas por COVID-19 y 14.543 decesos, lo que ajustado por el tamaño poblacional del país equivale a 760 personas fallecidas por cada millón de habitantes.

A pesar de que la mayoría de los contagios ha ocurrido en zonas urbanas de la Región Metropolitana, a medida que el virus se expande, se observa una mayor incidencia en territorios rurales e intermedios (rural-urbanos). En estos territorios existen riesgos particulares para enfrentar una crisis sanitaria, debido a las dificultades de conectividad y menor acceso a servicios públicos, incluyendo servicios de salud. Sumado a esto, los datos aquí presentados dan cuenta que los hogares encabezados por mujeres en los territorios rural-urbanos enfrentan la crisis sanitaria en condiciones de mayor vulnerabilidad.

En cuanto a la composición de los hogares de los territorios rural-urbanos de Chile, las cifras del Observatorio muestran que aquellos encabezados por mujeres son mayoritariamente monoparentales (69,3%), muy por sobre aquellos encabezados por hombres (10,5%). Esta amplia brecha se replica en todos los territorios–grandes, medianos y pequeños– con una magnitud similar.

Sumado a esto, la presencia de personas de 65 años o más es un 14,6% mayor en los hogares encabezados por mujeres. Del mismo modo, la tasa de dependencia –a saber, el total de personas en edad inactiva (niños y adultos mayores) sobre la población activa del hogar– es un 21% mayor si se compara con aquellos hogares liderados por hombres.

Este conjunto de indicadores sobre la composición del hogar muestra la mayor vulnerabilidad de gran parte de los hogares con jefatura femenina. La monoparentalidad está asociada a menores ingresos en el hogar y es una de las causas de lo que se ha llamado la feminización de la pobreza. Además, en hogares monoparentales se incrementa la responsabilidad sobre los cuidados de las personas dependientes –personas de riesgo frente al COVID-19– que, como muestran los datos, están en una mayor proporción en los hogares con jefatura femenina.

En relación al servicio de alcantarillado –clave en el contexto de una crisis sanitaria– se observa que muchos hogares de territorios rural-urbanos aún tienen un acceso limitado y, entre ellos, son los de los territorios más rurales los que tienen menor acceso. A diferencia del resto de los indicadores, son los hogares encabezados por mujeres los que tienen mayor acceso a alcantarillado, frente a los encabezados por hombres en los tres tipos de territorios.

Los indicadores asociados al tipo de transporte para acceder a servicios médicos y de urgencia muestran que, en todos los territorios, el uso del transporte público es mayor en los hogares encabezados por mujeres. A su vez, en los hogares de territorios rural-urbanos grandes es donde más se ocupa, y en donde además se observa la mayor brecha de género.

Llama la atención que, en los tres tipos de territorios, más del 60% de las personas encuestadas usa el transporte público para acceder al hospital de urgencias y, específicamente en los territorios grandes, un 78,8% de los hogares encabezados por mujeres lo utiliza. Esto nos alerta sobre el impacto diferencial que tienen para los hogares encabezados por mujeres las restricciones en los servicios de transporte público, propiciadas como medidas de control de la pandemia, especialmente en los territorios más urbanos.

La participación electoral en Chile ha disminuido sistemáticamente desde 1990, alcanzando su mínimo histórico (46,5%) en las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2017. Así también se presenta una baja participación en organizaciones vecinales 14% (PNUD, 2017) y en partidos políticos (3% según el Servicio Electoral de Chile). La participación en sindicatos ha aumentado considerablemente desde el 2010, alcanzando un 20,6% en el año 2017 (Consejo Superior Laboral, 2018).

En este contexto, los datos que se presentan a continuación nos muestran, en general, una realidad más optimista respecto de la participación electoral y social en los territorios rural-urbanos del país.

Las cifras de este Observatorio dan cuenta de una alta participación electoral de mujeres y hombres en los territorios rural-urbanos (64,3% mujeres y 66% hombres) en relación con la participación nacional en las últimas elecciones (54,6% mujeres y 45,3% hombres). Esta realidad es consistente con la evidencia presentada por el PNUD en el informe “Diagnóstico sobre la participación electoral en Chile” (2017), el cual señala que las comunas más urbanas y con mayor densidad poblacional registran tasas de participación electoral más bajas que las demás comunas del país.

El nivel de participación electoral presenta variaciones según el grado de ruralidad de los territorios. En los dos indicadores que se presentan -participación en la última elección y participación frecuente en elecciones- los territorios medianos son los que reportan menores niveles de participación electoral y, por el contrario, los territorios pequeños, es decir, más rurales, reportan mayor participación, tanto de mujeres como de hombres. 

Pese que a nivel nacional se observa una brecha de género favorable a las mujeres (de alrededor de 10 puntos porcentuales), esta brecha no se observa en la muestra de territorios rural-urbanos, donde las mujeres aparecen con niveles de participación electoral similares e incluso menores a los de hombres en todos los territorios rural-urbanos analizados.

Por otro lado, la participación en partidos políticos es baja en todos los territorios, en hombres y mujeres. Sin embargo, es aún más baja entre las mujeres, presentándose brechas de género significativas en territorios rural-urbanos grandes y pequeños, donde los hombres duplican la participación de las mujeres. A diferencia de la participación electoral, las personas de territorios más rurales presentan los menores niveles de participación, tanto en hombres como en mujeres.

La participación en juntas de vecinos es el único indicador que presenta una brecha favorable a las mujeres, pues ellas participan en mayor proporción que los hombres. Así también, la participación en los territorios rural-urbanos (alrededor del 20%) está por sobre el promedio de participación a nivel nacional (14% según PNUD, 2017) y es la más alta participación en comparación con Colombia y México. La mayor brecha, favorable a las mujeres, se observa en los territorios pequeños.

Por último, la participación en sindicatos es menor en los territorios rural-urbanos de Chile que lo reportado en los datos oficiales a nivel nacional (20,6%) y presenta brechas de género en desmedro de las mujeres, lo que difiere de la tendencia nacional de feminización de los sindicatos. Para el total de territorios rural-urbanos, las mujeres participan un 60% menos que los hombres en este tipo de organizaciones y su participación no supera el 4%. 

La mayor brecha de género se observa en los territorios más urbanizados, a la vez que presentan los mayores niveles de participación (hombres 10,8% y mujeres 4%). Esto puede deberse, en parte, a que en los sectores rurales hay mayor proporción de trabajadoras informales, o autoempleadas, que dependientes. Asimismo, los mayores niveles de sindicalización se dan en las grandes empresas, las cuales suelen ubicarse en territorios urbanos metropolitanos.

En Chile persisten amplias brechas de género en torno a la autonomía económica de las mujeres. Estas desigualdades se presentan en todos los indicadores analizados, ya sea entre hombres y mujeres, y/o entre las mismas mujeres.

En los indicadores de pobreza y pobreza multidimensional, las brechas entre hombres y mujeres son pequeñas, no así entre mujeres de distintos grupos poblacionales. Por ejemplo, tanto en el indicador de pobreza por ingresos como pobreza multidimensional, las mujeres indígenas presentan un 50% más de pobreza que la media de mujeres a nivel nacional, y las mujeres rurales el doble que las urbanas.

En cuanto al empleo (tasa de participación laboral, desempleo), existe una amplia brecha de género, donde las mujeres se encuentran en peor posición que los hombres en todos los grupos estudiados, y cuya reducción ha sido más lenta que otros indicadores. Tales grados de desigualdad no son homogéneos entre los distintos grupos, acentuándose para la población rural, indígena y joven rural. Esto no se replica en el indicador de horas laborales remuneradas promedio, donde la brecha de género a nivel nacional se replica para todos los grupos en igual magnitud. Pese a esto, el desempleo ha disminuido en todos los grupos de mujeres estudiados, y la tasa de participación laboral se ha incrementado, incluso a una mayor velocidad que la de los hombres.

En cuanto a los ingresos, en todos los grupos estudiados las mujeres reciben menos ingresos mensuales que los hombres. En particular, los ingresos son significativamente menores para las mujeres rurales e indígenas. Sin embargo, aunque con mayores ingresos mensuales, se observa una mayor desigualdad entre hombres y mujeres en los territorios urbanos que en aquellos rurales, y en la población joven se observan las menores brechas de género.

En el ámbito de escolaridad no existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. No obstante, entre las mujeres urbanas y rurales existen diferencias importantes. La población joven detenta los mayores niveles educacionales y se observa que las mujeres jóvenes rurales tienen en promedio más años de educación que cuando se analiza solo a las mujeres rurales.

El análisis permite identificar diferencias y desigualdades entre las mujeres de distintos grupos. Prácticamente en todos los indicadores, las mujeres rurales y jóvenes rurales se encuentran en una peor posición que sus pares urbanas.